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Una difícil situación humanitaria atraviesa los desplazados de la zona rural del municipio de Teorama quienes temen regresar a las parcelas ya que no hay condiciones de seguridad.

OCAÑA, ATENCIÓN. – Una difícil situación humanitaria atraviesa los desplazados de la zona rural del municipio de Teorama quienes temen regresar a las parcelas ya que no hay condiciones de seguridad.

Los líderes sociales solicitan la presencia de organismos internacionales y el gobierno nacional para que verifiquen la situación e insisten en la reubicación de la base militar con el fin de mitigar las confrontaciones.

Llevan varios años esperando una respuesta a nivel nacional y no el clamor no ha hecho eco en los oídos de las fuerzas militares.

El presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Pablo, Ismael López Téllez, indica que en la casa campesina del corregimiento se encuentran 108 familias, lo que suman 300 personas entre niños, mujeres y adultos mayores quienes han recibido la ayuda humanitaria básica.

Los labriegos se desplazaron el 6 de agosto desde las veredas Caño Seco y Piedras de Moler debido al fuego cruzado entre las tropas y los grupos subversivos que operan en la zona.

 

La atención primaria

 

El personero de esa población Luis Serafín Vega Madariaga, solicita a los violentos excluir a la población civil del conflicto armado. “Temen regresar a las labores agrícolas en las parcelas ya que existen municiones sin explosionar y claman el traslado de la unidad táctica del ejército”, anota el defensor.

Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal conjuntamente con los organismos de derechos humanos dirigen un oficio al Ministerio de Defensa e incluso al nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, para que interceda ante la difícil situación vivida por los habitantes de la zona del Catatumbo.  “La solicitud es que se aleje un poco la base militar de la población ya que la gente queda en medio del fuego cruzado durante las confrontaciones”, indica Vega.

El alcalde de esa población, Robinson Salazar Benítez, visita a los desplazados y entrega las ayudas primarias para mitigar los efectos del fenómeno social. Espera el aporte de otras instancias nacionales e incluso internacionales.

La defensora regional del pueblo, Deisy Mabel Díaz Torrado, conjuntamente con el Consejo Noruego, ACNUR y la ONU ingresan a la zona para verificar las afectaciones y mitigar la violación de los derechos humanos.

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