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Es definitiva la reubicación de la base militar en Piedras de Moler

OCAÑA, ATENCIÓN. – Luego de un periplo y el diálogo con los líderes sociales de las veredas en condiciones de vulnerabilidad los integrantes de la Misión de verificación humanitaria entregan el informe sobre los efectos del conflicto armado en la zona del Catatumbo.

En el documento final se exige al gobierno nacional la reubicación de base militar ubicada en la vereda Piedras de Moler de Teorama, ya que los campesinos quedan en medio del fuego cruzado en una flagrante violación de los derechos humanos.

Indican que se deben ofrecer las garantías para la operación retorno de las 108 familias, integrada por 380 personas quienes permanecen desde el 6 de agosto en la casa campesina del corregimiento de San Pablo.

Advierten sobre la existencia de artefactos sin explosionar y reclaman el desminado humanitario en la zona del Catatumbo.

Durante el recorrido por la zona rural participan integrantes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento de San Pablo; Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA; Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA; Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo – ASUMCAT y su guardia campesina; Coordinador Nacional Agrario CNA; la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia REDHER; la Defensoría Regional del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la personería municipal de Teorama, medios de comunicación locales y nacionales.

En medio del fuego cruzado

Los organismos internacionales de derechos humanos verifican la vulneración de los derechos debido a la presencia de la base móvil militar del Batallón de Despliegue Rápido, BADRA, número 9, que agudiza los niveles de riesgo de la población civil.

Se realiza la misión de verificación para conocer, documentar y visibilizar la grave crisis humanitaria que atraviesan las comunidades del corregimiento de San Pablo, Teorama en la región del Catatumbo, para que las autoridades correspondientes realicen su inmediata intervención a las denuncias presentadas por las comunidades.

Desde el año 2018, la presencia de la base móvil afecta a las comunidades de las veredas Piedras de Moler, Caño Seco, Vijagual, Quince Letras, Santo Domingo, Ocho de noviembre, Aires del Catatumbo y el casco urbano del corregimiento de San Pablo.

En la actualidad 108 familias integradas por 380 personas entre ellas 127 menores de edad de las veredas Caño seco y Piedras de moler, sufren los rigores de las confrontaciones, se vieron obligadas a desplazarse para salvaguardar sus vidas.

La misión priorizó la visita a la Casa Campesina en el casco urbano del corregimiento, donde se alberga la comunidad desplazada, y a los predios de la población civil, las cuales han tenido un mayor número de afectaciones por su cercanía con la base militar.

De acuerdo a las denuncias presentadas por las comunidades afectadas y lo que la misión pudo constatar, se evidencia una flagrante violación a los derechos humanos e infracciones y al Derecho internacional humanitario consuetudinario DIHC, por parte de la base militar móvil perteneciente al batallón de despliegue rápido BADRA No. 9 adscripta a la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA del Ejército Nacional de Colombia.

Esta situación ha llevado a las comunidades a vivir en un estado permanente de zozobra y padecer cotidianamente de afectaciones de índole físicas, económicas, sociales, familiares, culturales y psicológicas.

No hay condiciones para el retorno

Los expertos notaron la existencia de abundante material bélico sin explosionar en las fincas visitadas, que por sus características se puede presumir se trata de artefactos explosivos no convencionales y otros corresponden a armas de fabricación industrial.

Las comunidades denuncian que estos artefactos explosivos se encuentran desde los combates presentados los días 5 y 6 de agosto y algunos llevan más de tres meses en el área. La misión constató que toda esta munición de alta potencia se encuentra en cercanía a las viviendas, en algunos casos a menos de dos metros de distancia, en los caminos de herradura y carretera principal. También, próximas a las fuentes hídricas y en los cultivos de la población campesina. Preocupa que dicha munición, al estar expuesta a las inclemencias del clima, pueda detonarse en cualquier momento.

Población estigmatizada

Denuncian igualmente señalamiento y estigmatización permanente contra los habitantes de las dos veredas y la dirigencia comunal, a quienes integrantes de la fuerza pública señalan como guerrilleros y/o auxiliadores de las insurgencias.

En algunos casos se han presentado tratos crueles, inhumanos y/o degradantes contra la población civil.

Asimismo, tropas del Ejército Nacional realizan disparos en campo abierto y/o contra lugares habitados por población civil, lo que ha generado zozobra y afectaciones en viviendas ocupadas por familias campesinas y muertes a semovientes, violando el principio de distinción del DIH. Las comunidades denuncian que estos hechos se presentan cuando se registran los combates entre actores armados, donde las viviendas de la población llegan a ser blancos, e incluso, en algunos casos, se presentan en la ausencia de enfrentamientos, donde la población civil es víctima de disparos indiscriminados mientras se encuentran trabajando, cuando se dirigen hacia las bocatomas del agua y/o cuando se desplazan por los caminos veredales.

Se limita la movilidad

La Comisión pudo constatar retenciones ilegales y empadronamientos donde los militares detienen la marcha de los civiles que se dirigen hasta sus fincas a dar de comer a sus animales, los interrogan

de manera ilegal, le toman fotografías y los intimidan.

Se tipifica como una violación al derecho a la intimidad personal, toda vez que sus objetos personales son revisados, principalmente los teléfonos móviles sin que exista orden judicial para tal fin. También se presentan denuncias por sobrevuelos de drones que afectan la tranquilidad y privacidad de la población civil en sus hogares y actividades diarias.

Por cuenta de los enfrentamientos la niñez se ha visto afectada ya que quedan en medio de confrontaciones mientras se encuentran en clases y/o en los traslados desde sus casas a las escuelas,

generando grandes traumatismos y en algunos casos el ausentismo escolar. En la actualidad, los niños y niñas de las veredas Piedras de Moler y Caño Seco se encuentran privados del derecho a la

educación debido al desplazamiento forzado que padecen; en el albergue no cuentan con condiciones necesarias para poder recibir las clases.

Menoscaban los derechos humanos

Los militares restringen y en algunos casos prohíben a los campesinos el acceso y uso del agua de los nacederos o de las bocatomas de los acueductos veredales. Además, contaminan el agua que surte a las veredas y corregimientos ocasionando problemas de salud y de falta de abastecimiento de agua potable a la población (se bañan y hacen sus necesidades fisiológicas en las

fuentes hídricas, contaminando el agua que consumen las comunidades de la parte baja de la montaña).

Debido a las anteriores afectaciones, con lo cual se

profundiza la crisis humanitaria de la población civil la cual se ve obligada a abandonar sus viviendas, enseres, cultivos y semovientes que constituyen la base de su supervivencia, siendo además obligados a padecer condiciones de hacinamiento, entre otras.

Se evidencia afectación al campesinado por la pérdida de grandes cultivos de pan coger, principalmente de cacao. Algunos campesinos han quedado con pérdida total de sus productos debido a la dificultad de atender su cuidado por el miedo y zozobra que genera la ocurrencia de combates a cualquier hora del día, lo que deja expuestos a quienes realizan labores agrícolas en terrenos abiertos, así como por la amenaza latente de existencia de material sin explosionar en los alrededores de sus cultivos.

Algunas familias se han visto obligadas a construir trincheras en sus viviendas para proteger su vida durante las confrontaciones, ante la necesidad de mantenerse en su finca como única fuente de ingresos para su supervivencia. En estas se refugian varias personas incluyendo menores, en condiciones de hacinamiento, sin que represente una garantía real para la protección física de su vida.

Adicionalmente, muerte de especies menores como aves de corral y cerdos que las comunidades tienen para su sustento familiar, por efecto de las ondas explosivas.

Intranquilos en sus propias tierras

El informe señala que los militares, cuya base se encuentra instalada en terrenos privados sin previa autorización, prohíben su presencia a los dueños de las fincas donde están ubicados, obligándoles a abandonar sus cultivos o transitar por sus propios predios, afectando las infraestructuras de las viviendas e impidiendo hacer goce, disfrute y usufructo de sus bienes.

Reportan la pérdida de animales y cultivos por pillaje y por estar en estado de abandono por la prohibición que le han impuesto los militares.

Algunos campesinos denuncian que integrantes del

Ejército consumen sus cosechas y/o crías sin reconocimiento económico alguno.

Imposibilidad de uso de espacios de recreación y esparcimientos comunitarios, como canchas de microfútbol, que sirven como espacio de encuentro comunitario; debido a la cercanía de la base y, en algunas ocasiones, disparos indiscriminados contra los deportistas y demás personas que asisten a los encuentros deportivos. Las canchas se encuentran en total estado de abandono encontrándose en un alto grado de deterioro.

Secuelas psicosociales

En el marco de la misión de verificación se adelantó un trabajo de acompañamiento psicosocial con las comunidades en condición de desplazamiento que se encuentran en el casco urbano del corregimiento de San Pablo. Mediante atención terapéutica individual y familiar realizada con mujeres, hombres, jóvenes, y con ejercicios colectivos con niños y niñas, se encontraron huellas emocionales producto de la vivencia del conflicto armado en lo psíquico, el cuerpo físico y energético en las comunidades, siendo el miedo con vivencias de episodios de terror y pánico una afectación generalizada que prevalece y tiene un origen común en las situaciones de hostigamiento entre los grupos armados a los que han sido expuestos cerca a sus viviendas, sitios de trabajo y/o estudio. Este se transforma en desequilibrios físicos y emocionales.

Se pudo encontrar efectos físicos en personas de distintos géneros y edades, como pérdida de la memoria, afectaciones en oídos a causa de las ondas explosivas, incontinencia y episodios de control tardío del impulso urinario (relatos en los que algunos menores se orinan en la cama), prevalencia de debilidad y dolores lumbares, dorsales, cervicales y dolor de cabeza constante, los cuales se relacionan con afectaciones en algunos órganos del cuerpo. La ansiedad con incertidumbre es permanente, conllevando a la pérdida de sueño.

Las repercusiones como las anteriormente señaladas afectan órganos como riñón y vejiga; el

primero relacionado con las hormonas, los huesos, los oídos, el cabello, la médula el cerebro, la capacidad de supervivencia y de procrear, y el segundo con debilidad en los huesos, problemas de espalda, menstruaciones dolorosas, falta de descanso, sudoración nocturna entre otras.

La rabia se ha apoderado de las familias, la cual solo se muestra en los espacios domésticos lo que trae ruptura de los núcleos familiares entre cónyuges y de estos con jóvenes y adolescentes.

Se evidencia una naturalización del conflicto por parte de las personas adultas, quienes por demás indican la necesidad de “aprender a vivir con el miedo” como valor o costumbre que enseñan a los

menores. Dicha característica minimiza los impactos de la afectación psicosocial generalizada a la comunidad y profundiza sentimientos de desesperanza, rabia e impotencia, posteriormente evidenciada en desequilibrios físicos.

Las exigencias

Las organizaciones convocantes y participantes de la misión de verificación, resaltan y suscriben una serie de exigencias de estricto cumplimiento.

Las comunidades reunidas en asambleas veredales y corregimentales de San Pablo, conminan al Estado Colombiano para que en un término no mayor de 30 días se pronuncie con acciones y medidas encaminadas a la solución de las problemáticas aquí expuestas, principalmente, en lo que concierne a la exigencia de reubicación de la base militar móvil BADRA No. 9. Posterior a esta fecha, si no se obtiene respuesta alguna, las comunidades han determinado recurrir a acciones de hecho a que haya lugar, responsabilizando al

Estado Colombiano de esta determinación y sus implicaciones.

Insisten en la reubicación de la base móvil militar del Batallón de despliegue rápido -BADRA- número 9 a territorios donde mantenga prudente distancia de la población civil, en cumplimiento al derecho internacional humanitario DIH.

No continuar con la ocupación de manera ilegal y arbitraria de bienes que pertenecen a la población civil. Cesar los disparos indiscriminados -en ocasiones sin combate aparente- dirigidos hacia sitios de residencia, trabajo y/o zona escolar de la población civil.

Tratar dignamente a la población civil. Se percibe un aumento de la estigmatización y presión que genera un ambiente de permanente angustia y zozobra. Se hace un llamado a la transformación en la doctrina militar que bajo la noción de enemigo interno vulnera los derechos humanos de la población civil sin distinción alguna.

En cumplimiento de su misionalidad, garantizar la seguridad de las comunidades y sus liderazgos sociales. Detener empadronamientos y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

No involucrar a la población civil en sus actos de guerra y mucho menos utilizar a la población civil como escudos humanos.

A los actores armados

El cese inmediato de toda confrontación armada. Respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente, a los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

Asumir compromisos de descontaminación de los territorios donde hay minas antipersonales, munición sin explotar y artefactos que ponen en riesgo a la población civil.

Adoptar mecanismos de evaluación e investigación interna sobre la actuación de sus fuerzas, que permitan la prevención y sanción adecuada de abusos contra las comunidades de la región.

Mantener a la población civil por fuera de las acciones bélicas.

Al Estado colombiano

  • Abanderar el respeto a los derechos humanos de la población civil del Catatumbo, priorizando las garantías y goce efectivo de sus derechos, con el impulso de la política de seguridad humana.
  • Adelantar las acciones necesarias y pertinentes a fin de proteger los derechos vulnerados de las comunidades en condición de desplazamiento y brindar las garantías plenas para su retorno.
  • Velar por la descontaminación de minas antipersonal y municiones sin explotar en la región del Catatumbo, principalmente en el corregimiento de San Pablo.
  • Atender, mediante procesos sostenidos de acompañamiento, las necesidades de atención psicosocial de las comunidades afectadas por los hechos aquí descritos.
  • Al Ministerio de Defensa, ordenar la reubicación de bases móviles del Ejército Nacional, instaladas en cercanía a viviendas, sitios de trabajo y/o estudio de población civil en el Catatumbo.
  • A los entes encargados, superar la falta de atención y garantías necesarias para las comunidades en situación de desplazamiento desde el pasado 6 de agosto, quienes fueron acogidas principalmente por las instancias comunitarias que, mediante juntas de acción comunal, Asociación de juntas y cooperativa del corregimiento, han velado por la manutención de las 380 personas instaladas en la casa campesina, sin el suficiente apoyo institucional y autoridades locales, regionales ni nacionales.
  • Al ministerio público, adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, así

como proteger los derechos fundamentales vulnerados a las comunidades de las veredas Piedras de Moler, Caño Seco, Vijagual, Quince Letras, Santo Domingo, Ocho de noviembre, Aires del Catatumbo y el casco urbano del corregimiento de San Pablo.

  • A la personería municipal, facilitar a las comunidades la presentación de denuncias de manera pronta y oportuna, disponer para tal fin los medios que sean necesarios.

A la Procuraduría General de la nación, investigar y sancionar la inoperancia de las instituciones encargadas de la protección y garantía de los derechos humanos, ante la situación de crisis humanitaria padecida y denunciada desde el año 2018 por las comunidades del corregimiento de San Pablo, tras la instalación de la base móvil militar.

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