Grave crisis humanitaria en el Catatumbo: comunidades alertan que la emergencia se profundiza
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó una profunda preocupación por el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el Catatumbo desde enero de 2025, tras una visita de verificación en las zonas rurales de Tibú y El Tarra. La entidad confirmó que la situación no solo se mantiene, sino que se intensifica, dejando a miles de familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Durante el recorrido, se evidenció que numerosas familias han tenido que retornar a sus territorios sin garantías de seguridad, pese a la continuidad de los combates entre grupos armados no estatales. La población vive en medio del temor y la zozobra generada por enfrentamientos, amenazas y ataques que vulneran sus derechos fundamentales.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el uso sistemático de drones con artefactos explosivos dirigidos contra viviendas y bienes civiles. Además, la Comisión de Verificación Humanitaria documentó la instalación de minas antipersonal en casas, escuelas, caminos y parcelas, una práctica que ha convertido a varias veredas en verdaderos campos minados y ha provocado desplazamientos masivos. Versalles es una de las zonas más afectadas: entre el 80 % y el 90 % de sus habitantes abandonaron sus hogares ante el incremento de la violencia y la amenaza constante a su integridad.
La crisis ha afectado profundamente el tejido social y económico de la región. En veredas como Campo 6, Bertrania, Filo Gringo y Versalles ya no es posible sembrar ni transportar alimentos. Se reportan casos de hambruna, aislamiento y ausencia de asistencia humanitaria, mientras que varias víctimas aún no han podido recibir atención. Entre 10 y 15 Juntas de Acción Comunal están actualmente sin sus presidentes debido al confinamiento y desplazamiento forzado de los líderes comunitarios, una situación que ha generado daños psicosociales como ansiedad, miedo y deterioro del tejido social.
El derecho a la educación también está seriamente vulnerado. Las clases presenciales llevan suspendidas 11 meses debido a amenazas, cierre de escuelas, caminos minados y el control territorial ejercido por los grupos armados. Cientos de niños, niñas y adolescentes están privados de un entorno seguro de aprendizaje, lo que agrava la crisis social del territorio.
La población civil enfrenta restricciones a la movilidad por la imposición de retenes ilegales, horarios límite para circular y constantes extorsiones. Estas prácticas vulneran de manera sistemática los derechos fundamentales de las comunidades campesinas e indígenas del Catatumbo.
Tras tres días de verificación, la Comisión Humanitaria advirtió que la crisis no solo continúa, sino que se ha vuelto estructural en varios puntos del territorio. Habitantes, líderes sociales y organizaciones humanitarias solicitaron con urgencia ayuda inmediata, presencia integral del Estado y un diálogo que permita reducir las hostilidades entre los grupos armados. Vivamos Humanos y la Mesa Humanitaria del Catatumbo insistieron en la necesidad de un cese al fuego multilateral que frene la degradación del conflicto y permita restablecer derechos básicos como la educación, la movilidad, el acceso a alimentos y la atención psicosocial.
Junior Maldonado, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), afirmó que la comisión permitió constatar una crisis que no solo persiste, sino que se ha vuelto permanente en varias zonas. Las comunidades alertan sobre un posible escalamiento de la violencia en los próximos meses, particularmente en diciembre y enero, si no hay una intervención inmediata.
La Comisión de Verificación concluyó que las comunidades del Catatumbo no pueden enfrentar solas esta emergencia que se profundiza día a día. Advirtió que el país no puede permitir que esta tragedia humanitaria continúe en silencio.
