El alcalde, abogado Samir Fernando Casadiego Sanjuán, se encuentra en una encrucijada jurídica ante la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander

OCAÑA, ATENCIÓN. – El alcalde, abogado Samir Fernando Casadiego Sanjuán, se encuentra en una encrucijada jurídica ante la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que ordena retomar los activos y convocar a licitación los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ocaña.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta, en un auto interlocutorio de trámite proferido el 11 de octubre de 2022, ratifica el veredicto y recuerda al mandatario local, como máximo representante legal de la administración municipal, cumplir al pie de la letra los requerimientos del alto tribunal.

Según el nuevo pronunciamiento de la justicia se debe acatar lo ordenado e iniciar el proceso de licitación para entregar en concesión el servicio de agua potable y alcantarillado.

Casadiego manifiesta que los fallos judiciales son para cumplirlos y por eso pidió facultades al concejo sobre la licitación pública, pues no quiere verse envuelto en investigaciones disciplinarias.

Mientras el alcalde asegura que los activos están en manos de la administración local, los opositores señalan que no existe un decreto como piso jurídico soportado en un inventario y los costos reales del mismo.

Ahora el primer mandatario deberá responder por ese presunto error de revivir el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, sin establecer esa cláusula, indica el abogado Silvano Calvo, quien emprende las acciones jurídicas encaminadas a declarar la nulidad del acuerdo por medio del cual se autoriza la licitación pública.

 

 

Sentencia que tiene en jaque al alcalde

 

El dolor de cabeza radica en la decisión donde se ordena cumplir fielmente lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en providencia del 21 de octubre de 2021, por el cual se dirime el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ocaña y el Segundo Oral de Cúcuta, disponiendo que este último es el competente para conocer y tramitar el incidente de desacato adelantado dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

En el mismo, el juez procede a “requerir al municipio y Empresa de Servicios Públicos de Ocaña sobre el cumplimiento de la orden impartida del veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015) y del veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que revoca el numeral primero y segundo de la sentencia proferida por ese despacho, concediendo el amparo del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

Ordena al municipio de Ocaña, que en término de 6 meses se sirviera expedir actos administrativos necesarios para obtener la devolución de los bienes que hacen parte del ente territorial y que fueron entregados en calidad de arrendamiento a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliario de Ocaña ESPO S.A. mediante contratos números 005 y 006 del 13 de octubre de 1994, teniendo en cuenta las causales de incumplimiento contractual evidenciados en resoluciones 566, 714 y 1394 del 2001. Así como, prever los términos para realizar proceso licitatorio contractual sin exceder seis meses y respetar los principios en materia contractual.

 

¿Quién dice la verdad?

 

El enredo radica en un acto administrativo que debe reposar en la oficina jurídica del municipio de Ocaña donde se determine que efectivamente la alcaldía ha retomado los activos para iniciar la licitación pública.

Mientras el mandatario asegura que esa cláusula está incluida dentro del acta de entrega del contrato suscrito con la Empresa para la devolución de los activos, una vez surta efecto la licitación pública, el ex alcalde y abogado Francisco Antonio Coronel Julio, quien suspendió los contratos 005 y 006 en el 2001, manifiesta que existe ese vacío jurídico, pues no hay decreto que así lo demuestre.

“Legalmente, no existe un acto administrativo que compruebe la retoma de los activos y sin ese requisito no se puede convocar a una licitación. Se debe cumplir con la primera exigencia del Tribunal para seguir con el otro paso. Ahora está metido en un berenjenal, difícil de salir”, agregó.

El miembro del Comité Cívico por la defensa del agua en Ocaña, Silvano Calvo, no entiende cómo el alcalde actual siendo abogado cometió ese error en enero de 2020 cuando renovó el contrato con la ESPO. “De manera inexplicable, Samir Casadiego, revivió los contratos 05 y 06 de 1994 que incendió el problema y hasta el momento no se ha cumplido con la retoma de los activos, los contratos están vigentes porque no se han liquidado”, reiteró el profesional del derecho quien llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

 

Mucha tela que cortar

 

Expertos en la materia aseguran que la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A. nació viciada el 13 de octubre de 1994 durante la administración del economista Luis Eduardo Vergel Prada con la firma de los contratos 005 y 006, sin embargo, los alcaldes de la época nunca hicieron nada por remediar ese problema.

Hasta cuando el exmandatario Francisco Antonio Coronel Julio en el año 2001 procedió a suspender los contratos pues no contaban con una auditoría externa y la póliza de garantía de los activos arrendados. Factor que fue aprovechado por el abogado administrativista, Henry Pacheco Casadiego, quien instauró una acción popular y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, ordena en el año 2011 retomar los activos y convocar a licitación pública. Vinieron los alcaldes Yebrail Andrés Hadad Linero, Jesús Antonio Sánchez Clavijo y Miriam del Socorro Prado Carrascal, pero ninguno pudo hacer el procedimiento.

Incluso, el mandatario encargado abogado Wilmar Bayona Ibáñez, fue a parar a la cárcel en el año 2019 cuando retomó los activos a la fuerza y asignó como operadora a la empresa SEMSA de la costa norte colombiana. Todavía está vinculado al proceso.

Ahora el turno le corresponde a Samir Casadiego quien manifiesta que actúa en derecho, pero los opositores aseguran que está cometiendo muchos errores y llevarán el caso hasta instancias superiores.

Silvano Calvo y Francisco Coronel adelantan las acciones en primera instancias para declarar la nulidad del acuerdo municipal pues consideran que los concejales ‘mordieron el anzuelo’ y cometieron el delito de prevaricato por acción al crear comisiones accidentales para darle la razón al alcalde.

Además, el proceso se cae pues hasta la fecha no han retomado los activos, ni existe un inventario real. El gerente de la empresa, Jesús Alfredo Contreras Mejía, indica que en manos de los abogados están las acciones para que la administración municipal responda por demandas millonarias.

“Se han cometido muchos errores y nosotros seguiremos la lucha por la defensa del agua en Ocaña”, exclamó el exalcalde Francisco Antonio Coronel Julio.