El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admite demanda en contra de la licitación de los servicios públicos en Ocaña.
OCAÑA, ATENCIÓN. – El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admite demanda en contra de la licitación de los servicios públicos en Ocaña.
Primer mandatario local Samir Fernando Casadiego Sanjuán asegura que no se violaron los aspectos jurídicos en el acuerdo.
La gobernación solicita al Tribunal Administrativo de Norte de Santander una revisión jurídica al acuerdo por medio del cual los concejales otorgan facultades especiales al alcalde, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, para convocar a licitación pública los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ocaña.
El gobierno seccional propone la declaratoria de invalidez del acuerdo 09 de 4 de octubre de 2022 por violar normas de carácter superior sin indicar un límite temporal de vigencia para dicha facultad.
El concejal Mario Castellanos asegura que desde un principio alertó a los compañeros sobre los errores de procedimiento, sin embargo, no acataron las recomendaciones y por eso el alto tribunal debe tomar una decisión.
El voto fue negativo ya que era evidente las inconsistencias en los articulados y la manera como se integró una comisión accidental desconociendo la función de los encargados de analizar los aspectos contemplados en la Ley.
“La Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, ya solicitaron las actas de las sesiones y todos los documentos para iniciar una investigación a fondo”, reiteró el miembro de la corporación.
Demanda el acuerdo
Taiz del Pilar Ortega Torres, actuando como gobernadora encargada solicita al Tribunal revisión de constitucionalidad y legalidad del acuerdo 09 del 4 de octubre de 2022 expedido por el Consejo municipal de Ocaña por medio del cual se autoriza al alcalde para celebrar contrato de concesión mediante proceso de licitación pública.
La iniciativa surtió los debates reglamentarios de Ley y se remitió a la gobernación mediante correo electrónico para la revisión, el día 5 de octubre del presente año. “La estructura del acuerdo no contiene un aspecto considerativo que lo sustentara, la parte motiva es de suma importancia para comprender el acuerdo”, indica la secretaria de gobierno departamental.
Los concejales en el acuerdo no otorgan facultades pro tempore, es decir no fijó plazo alguno para el ejercicio de la autorización. En observancia de la constitucionalidad y legalidad establecida en el numeral 10 de la Constitución Política de Colombia se requiere declarar la invalidez de los artículos 1, 2 y 3 del acuerdo 09 del 4 de octubre, donde se autoriza al alcalde para que adelante todas las diligencias, administrativas, jurídicas y contractuales dirigidas a la celebración de un contrato de concesión mediante la modalidad de selección de licitación pública, establecidas en la Ley 80 de 1993, demás normas concordantes y complementarias, que tendrá como objeto la operación, ampliación, rehabilitación, expansión, optimización, mantenimiento, administración y gestión comercial de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ocaña, con el alcance de explotar la infraestructura acorde a sus capacidades para la prestación del servicio.
El artículo segundo manifiesta que la alcaldía municipal de Ocaña con el presente acuerdo municipal, actos y procedimientos administrativos que de este se deriven, está procurando el cumplimiento de las sentencias de primera y segunda instancia de fecha abril 28 de 2015 y mayo 25 de 2017 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta y Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro de la acción popular que obliga la retoma de los activos y la convocatoria para una licitación.
El artículo tercero señala que rige a partir de su sanción hasta el 31 de diciembre de 2023.
El acuerdo es demandado por la gobernación del Norte de Santander al desconocer las facultades pro tempore ya que esas funciones pueden trasladarse al alcalde por un tiempo determinado y por una materia específica.
Se solicita la invalidez al presentar confusión, en primera instancia la necesidad de interpretar qué normas se derogan en esta disposición, si bien se implementa un término, su utilización en ese contexto resulta imprecisa, señalan los jurídicos del departamento.
La defensa del alcalde
El primer mandatario local, abogado Samir Fernando Casadiego Sanjuán, no comparte los reparos hechos por los asesores jurídicos de la gobernación, acata la disposición y seguirá insistiendo en la convocatoria para entregar en concesión los servicios públicos de Ocaña.
Explica que un acuerdo luego de la aprobación y sanción es enviado a la gobernación para revisión. “Los expertos encuentran un argumento y es enviado al Tribunal porque consideran que no se especifican las facultades pro témpore. Somos respetuosos de las manifestaciones de la institucionalidad, en este caso del ente territorial, obviamente que no lo compartimos, el acuerdo es claro, en el artículo tercero se manifiesta la vigencia desde el instante cuando se sanciona hasta el 31 de diciembre de 2023”, señala.
La notificación fue vía electrónica sobre la admisión de la demanda por parte del Tribunal y de inmediato los asesores jurídicos de la alcaldía comienzan las acciones. “Respetamos esa interpretación, pero no la compartimos porque no está acorde a la realidad donde las facultades están expresas”, agregó.
Corresponde al Tribunal revisar lo que objeta la gobernación y tomará una decisión si está de acuerdo o no a la Constitución para dar legalidad al mismo.
¿Y los activos qué?
Otro meollo está relacionado con la retoma de los activos; mientras algunos concejales y abogados de la oposición aseguran que, está en manos de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, el alcalde afirma lo contrario. “Nosotros hemos sido insistentes, manifestado de manera constante y continua. Los activos están en cabeza del municipio de Ocaña. En el acta de entrega que se hizo el primero de enero de 2020, cuando comenzamos el gobierno, en el documento está expreso que siguen bajo la responsabilidad del municipio de Ocaña, ya que la administración anterior hizo la retoma correspondiente y se demuestra la legalidad”, enfatizó Casadiego.
El concejal, Mario Castellanos Chinchilla, refuta al mandatario e indica que no es cierto, porque él los entregó a la ESPO nuevamente. “Que reconozca que se equivocó, ya que todo el esfuerzo hecho por la anterior alcaldesa, Miriam Prado, lo borró de un solo plumazo. Ahora qué va a entregar en concesión, si no están en su poder. Es como alquilar una casa sin entregar las llaves al nuevo inquilino, se debe tener todo saneado y con todos los soportes”, reiteró.
