Defensoría del Pueblo alerta sobre grave crisis humanitaria en el Catatumbo
La Defensoría del Pueblo presentó un preocupante informe sobre la crítica situación de derechos humanos que enfrenta la subregión del Catatumbo, como consecuencia de la escalada del conflicto armado que comenzó el pasado 16 de enero de 2025. El documento, compuesto por siete capítulos, fue expuesto por la defensora nacional Iris Marín, quien evidenció un deterioro alarmante de la situación humanitaria en el territorio.
El informe detalla el recrudecimiento del conflicto tras la ruptura del cese al fuego con el ELN en agosto de 2024, así como la fragmentación del Estado Mayor Central de las FARC, lo cual ha desencadenado una disputa territorial entre estructuras armadas ilegales. Entre los hechos más graves reportados se encuentran masacres, desplazamientos forzados, persecución contra líderes sociales y vulneraciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario.
Uno de los hallazgos más alarmantes del documento es el impacto directo sobre la población civil, especialmente niños y niñas, quienes han tenido que asistir a clases en medio de enfrentamientos armados.
La Defensoría del Pueblo también identificó tres escenarios de riesgo que mantienen en alerta a las autoridades:
- La intensificación del conflicto con foco en los municipios de Tibú y El Tarra.
- El avance del control territorial del ELN en zonas como Ocaña, Convención y Sardinata.
- La posible incursión del Clan del Golfo en la región del Catatumbo.
Aunque se ha incrementado el despliegue de la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo sostiene que no existe evidencia objetiva de un control estatal efectivo. Asimismo, se denunció la estigmatización de líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que ha aumentado los niveles de riesgo para funcionarios como el personero del municipio de Ocaña.
Entre las recomendaciones emitidas por la entidad se destacan: agilizar la inclusión de víctimas en el Registro Único, fortalecer la atención social y humanitaria con enfoque diferencial, reforzar la presencia institucional sin vulnerar los derechos fundamentales y garantizar entornos escolares seguros en zonas afectadas por el conflicto.
La Defensoría hizo un llamado urgente al Estado colombiano para atender esta crisis con un enfoque integral y coordinado que priorice la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades del Catatumbo.
