Avanza la Segunda Caravana Humanitaria por el Catatumbo con delegaciones internacionales y más de 40 organizaciones sociales
Con la participación de más de 100 personas entre delegaciones nacionales e internacionales, y el respaldo de más de 40 organizaciones sociales, avanza la Segunda Caravana Humanitaria por el Catatumbo, una iniciativa de solidaridad que busca denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y exigir garantías para la vida en esta región del norte del país.
La acción, que se desarrollará hasta el próximo 31 de julio, es liderada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer), y se enmarca en el lema “20 años resistiendo en el territorio”. Su principal propósito es visibilizar la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades campesinas del Catatumbo, afectadas históricamente por el conflicto armado, el abandono del Estado y la presencia de diversos actores armados ilegales.
Carlota Rillo Gorgemans, vocera de RedHer, indicó que además de acompañar a las comunidades y escuchar sus denuncias, se busca hacer un seguimiento al Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, firmado con el Gobierno Nacional, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La Caravana cuenta con la presencia de delegaciones provenientes de más de 12 países de América y Europa, entre ellos Brasil, Argentina, Honduras, Canadá, El Salvador y Austria. Igualmente, participan organismos de verificación como la ONU, la Defensoría del Pueblo, la Diócesis de Ocaña y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA), quienes estarán documentando las denuncias presentadas por la población.
Por su parte, el abogado Leonardo Jaimes, del Equipo Jurídico Pueblos, manifestó su preocupación por el resurgimiento de estructuras paramilitares en varios sectores del Catatumbo, lo que sigue generando riesgos para la integridad de las comunidades.
La Segunda Caravana Humanitaria se consolida como una voz colectiva que insiste en la defensa de los derechos humanos, la paz territorial y el cumplimiento de acuerdos sociales, en una de las regiones más golpeadas por la violencia armada en Colombia.
