Norte de Santander, entre los departamentos más afectados por minas antipersonal en Colombia
La amenaza de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados sigue latente en varias regiones rurales del país, siendo Norte de Santander uno de los departamentos más golpeados por esta problemática, especialmente en la subregión del Catatumbo. Desde 1990, Colombia ha registrado más de 12.600 víctimas por estos dispositivos, según datos del Sistema de Información de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, liderado por la Consejería Comisionada de Paz.
Preocupa especialmente la afectación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con más de 1.300 menores entre las víctimas registradas. Muchos de estos casos han ocurrido en cercanías a instituciones educativas, alterando la cotidianidad escolar y poniendo en riesgo la vida de estudiantes y docentes.
Norte de Santander ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de eventos reportados en zonas cercanas a escuelas, con 104 casos entre 2022 y 2025. Solo Nariño (152) y Cauca (117) presentan cifras más elevadas. En total, 647 eventos han sido documentados en el país en inmediaciones de instituciones educativas, impactando directamente a 386 sedes escolares, la mayoría ubicadas en contextos rurales y de conflicto armado.
Durante la transmisión virtual “Escuela, territorio de vida: previniendo el riesgo de artefactos explosivos”, organizada por el Ministerio de Educación, la Consejería Comisionada de Paz y UNICEF, se reiteró la preocupación por la exposición constante que enfrentan niños y comunidades. En muchos casos, los artefactos explosivos han sido instalados a menos de 500 metros de los colegios, provocando suspensiones de clases, confinamientos, desplazamientos forzados y graves afectaciones emocionales.
Héctor Morillo Salazar, asesor del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal de la Consejería Comisionada de Paz, explicó que esta situación está directamente relacionada con las disputas territoriales entre actores armados no estatales, quienes emplean estos dispositivos como herramientas de control en zonas estratégicas. La situación exige una respuesta urgente y articulada entre entidades del Estado, organizaciones humanitarias y comunidades para salvaguardar la vida y garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad.
