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Asociación Nacional de Víctimas condena recientes hechos de violencia en el Catatumbo y exige respeto al Derecho Internacional Humanitario

Imagen de referencia – Personas desplazadas a causa de la violencia en el Catatumbo / Foto: Colprensa
Imagen de referencia – Personas desplazadas a causa de la violencia en el Catatumbo / Foto: Colprensa

La Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado expresó su profunda preocupación por la creciente ola de violencia en el departamento de Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo, donde en los últimos días se han registrado hechos que evidencian graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Olguín Mayorga, presidente de la organización, condenó enérgicamente la muerte de un campesino que perdió la vida al pisar una mina antipersonal en zona rural del municipio de Hacarí, así como el fallecimiento de un militar víctima de un ataque con dron cargado con explosivos en el municipio de Teorama. Ambos hechos fueron calificados como actos inaceptables en medio del conflicto armado que sigue afectando a la población civil.

“El uso de minas antipersona y ataques indiscriminados como los ocurridos en Hacarí y Teorama violan flagrantemente los principios del DIH y deben cesar de inmediato. No podemos seguir normalizando la muerte de campesinos y militares en esta absurda guerra que nos golpea día tras día”, afirmó Mayorga.

La asociación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que haga cumplir los once decretos emitidos tras el levantamiento de la conmoción interior, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y prevenir nuevas tragedias. Asimismo, advirtió que la amenaza de minas antipersonales no se limita a Hacarí, sino que se extiende a otros municipios como Tibú, donde existen campos minados que ponen en riesgo permanente a la población.

Por otro lado, la preocupación se acentúa con el reciente anuncio del establecimiento de una zona de ubicación temporal para grupos armados en el municipio de Tibú. “Esto representa un riesgo latente, dada la presencia de diferentes actores armados en el territorio. Si ya se han tomado decisiones desde el Gobierno, exigimos que asuma su responsabilidad frente a las consecuencias que pueda enfrentar la población civil”, señaló el líder de víctimas.